El decomiso de 1,500 sacos de carbón vegetal y el arresto de 53 haitianos y
dos dominicanos vinculados a la tala y quema de árboles, efectuado recientemente
por militares y miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental en
Bahoruco, Barahona e Independencia, produce un sentimiento ambivalente, de
aprobación y consternación.
Decomisar carbón y capturar a quienes talaron los árboles es actuar contra
una acción perjudicial para el país, pero es al mismo tiempo el resultado de
haber llegado muy tarde al escenario de un crimen ecológico.
Es indicativo de
que no está funcionando la vigilancia preventiva para evitar la depredación de
bosques, o que esa vigilancia se hace de la vista gorda y tal vez cómplice.
Desde hace mucho tiempo, haitianos y sus cómplices dominicanos han estado
talando árboles y produciendo carbón. Nadie parece ver las humaredas de los
hornos ni el ir y venir de los que talan y queman.
El producto de estas
operaciones, que pasan desapercibidas, cruza la frontera hacia Haití por rutas
que, o están mal vigiladas, o están vigiladas por cómplices en el trasiego.
Es
un elemento que reafirma el criterio de que hay debilidades en la vigilancia de
la frontera, como lo demuestra el alto número de indocumentados haitianos que
ingresa al país.
Decomisar carbón es una forma de cumplir a medias con el
deber. Es llegar tarde al escenario del crimen ecológico.
